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  • Tipo: Regulatory update
  • Fecha: 27/03/2014

Flashes Fiscales 2014

flashes 2014
La Práctica de Impuestos analiza de manera detallada los efectos que puedan tener en su empresa las diversas disposiciones regulatorias.

Garantía de audiencia previa en la inmovilización de depósitos bancarios 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a través de la Tesis Aislada CXXIV/2104 (10ª), que el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación respecto de la no notificación al contribuyente del inicio del procedimiento de inmovilización de sus depósitos en instituciones del sistema financiero, no vulnera la garantía de audiencia previa.
Dicho procedimiento establece que los contribuyentes deben ser notificados de la inmovilización de los depósitos efectuados en sus cuentas, solo hasta después de que haya sido ejecutada por parte de las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores.

 

En ese sentido, el artículo en comento, reformado a partir del 1 de enero de 2014, comprende como supuesto normativo para efectos de llevar a cabo la inmovilización, no solo la existencia de créditos fiscales que se encuentren “firmes”, sino también su procedencia expresa respecto de aquellos créditos que estén siendo impugnados ante los tribunales competentes en aquellos casos en que los mismos no se encuentren debidamente garantizados frente a las autoridades exactoras, reforma que, como podemos advertir, guarda consistencia con lo resuelto por la Primera Sala de la SCJN, que señala lo siguiente:

 

Inmovilización de depósitos bancarios. El artículo 156-bis del código fiscal de la federación, que prevé el procedimiento relativo, no vulnera el derecho fundamental de audiencia previa. El citado precepto, que prevé el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, sin contemplar la notificación al contribuyente del inicio del procedimiento referido, no vulnera el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la aplicación de lo previsto por el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se actualiza una vez que el contribuyente se niega a pagar un crédito fiscal o no lo garantiza, es decir, ya existió el acto de autoridad previo que estableció su situación jurídica, específicamente, la determinación del crédito fiscal, por lo que es innecesario volver a notificarle tal situación. Además, el citado numeral establece la obligación de la autoridad de notificarle una vez que ha iniciado el procedimiento con las instituciones financieras. Lo anterior es así, toda vez que el acto de autoridad privativo –crédito fiscal– ya fue notificado, y solo resta su pago o, en su defecto, que el crédito se garantice cuando se trate de casos en los que se interpone un medio de defensa en su contra, esto es, la afectación patrimonial sufrida por el sujeto se da cuando el crédito fiscal se determina, en virtud de que ahí surge el derecho del Estado para cobrar los importes determinados al contribuyente; de ahí que el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios implica la materialización de dicho derecho ante la ausencia del cumplimiento del pago o de la garantía y, por ende, la aplicación de la facultad económico coactiva está justificada en la necesidad que el Estado tiene de afrontar los gastos indispensables para satisfacer las necesidades colectivas o sociales. Por tal razón, los actos que constituyan la exteriorización de dicha facultad pueden emitirse por la autoridad fiscal sin que esta deba sujetarse al citado derecho fundamental, porque, en relación con dichos actos, al estar dirigidos a hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, debe prevalecer la subsistencia del Estado y sus instituciones por encima del derecho de los particulares a ser escuchados, máxime cuando estos pueden impugnar el acto de que se trate una vez que tengan conocimiento de este mediante los recursos y juicios procedente”.

 

Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de KPMG en México está a sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en su empresa la aplicación de las disposiciones aquí expuestas.
 
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